Un parteaguas democrático y jurídico
México vive un momento sin precedentes. Este 1 de junio de 2025, la ciudadanía está emplazada a las urnas para elegir, mediante sufragio directo, a quienes integrarán una parte significativa del Poder Judicial de la Federación y de algunas entidades federativas. Por primera vez en la historia del país, la toga y el mazo fueron objeto de campañas y propaganda electoral. Más allá de la novedad institucional, las críticas identifican la elección del Poder Judicial como un experimento improvisado, una contienda inequitativa y poco transparente. Esto ha generado un debate profundo en los ámbitos académico, político y social, que plantea una pregunta fundamental: ¿debo, como ciudadano, participar en esta elección o abstenerme como forma de rechazo?
Un cambio de paradigma
Tradicionalmente, México ha contado con dos modelos de designación judicial. Por un lado, el sistema de colaboración entre poderes —en especial para altos cargos como ministros de la Suprema Corte— y, por otro, el sistema de carrera judicial, fundamentado en el mérito, la trayectoria y la experiencia.
Sin embargo, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, se instauró el voto popular como mecanismo de acceso a cargos de jueces, magistrados y ministros. Sus impulsores aseguran que esta transformación responde a la necesidad de democratizar y transparentar el Poder Judicial; sus detractores alertan sobre el riesgo de su politización, su captura y la injerencia de intereses ajenos a la justicia.
Tres posturas frente a la encrucijada democrática
Frente a este escenario, la ciudadanía se encuentra dividida en tres grandes posturas. A continuación se analizan sus argumentos.
1. A favor de la reforma y participarán en la elección
Quienes respaldan esta reforma sostienen que el voto popular fortalecerá la legitimidad democrática del Poder Judicial. Entre sus principales argumentos destacan:
- Legitimidad de origen: consideran que el pueblo, al elegir a los jueces, les otorga una legitimidad similar a la de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
- Rendición de cuentas: la elección directa hará que los jueces se mantengan más atentos a las exigencias ciudadanas, introduciendo un mecanismo adicional de control democrático.
- Diversidad e inclusión en los perfiles: aseguran que la apertura del sistema permite el acceso a candidatos con visiones no tradicionales, más representativos de la pluralidad social.
- Transparencia y combate a la corrupción: se percibe esta reforma como una vía para romper con estructuras cerradas y elitistas del sistema judicial, a menudo acusadas de opacidad e impunidad.
2. En contra de la reforma y se abstendrán de votar o anularán su voto
Este grupo critica de forma frontal el proceso y optará por no votar, o bien por emitir un voto nulo como acto de protesta. Sus razones son múltiples:
- Simulación democrática: ven en esta elección una forma de legitimar un proceso que consideran autoritario, regresivo y contrario a la división de poderes. Para este grupo el nuevo sistema se sustenta en una venganza y solo contribuirá a normalizar prácticas autoritarias disfrazadas de participación ciudadana.
- Politización de la justicia: alertan sobre el riesgo de que los jueces busquen simpatías políticas o financiamiento de grupos de interés, comprometiendo su independencia e imparcialidad.
- Influencia de poderes fácticos o criminales: se teme que la lógica electoral permita la infiltración de actores económicos poderosos o del crimen organizado en la elección judicial con el propósito de asegurar jueces afines a sus intereses.
- Pérdida de profesionalismo: se argumenta que la preparación técnica, la independencia e imparcialidad de los jueces pueden verse comprometidas por una elección basada en carisma, slogans o popularidad más que en méritos, temiéndose además que las decisiones judiciales tiendan a satisfacer a las bases electorales que los favorecieron con su voto, en detrimento de la aplicación estricta del derecho.
3. En contra de la reforma, pero participarán en la elección
Este grupo, aunque crítico de la reforma, considera que la abstención no es una opción válida. Sus argumentos son esencialmente pragmáticos:
- Reconocimiento del nuevo marco legal: aceptan que la reforma es parte del orden constitucional vigente y que, como ciudadanos, tienen el deber de participar en el proceso electoral.
- Contención del daño: a través del voto buscan evitar que los peores perfiles lleguen al Poder Judicial, apostando por la selección de candidatos competentes y comprometidos con los principios que rigen la actividad judicial.
- Prevención del secuestro institucional: temen que una baja participación permita que grupos minoritarios, pero bien organizados, capturen los órganos judiciales, lo que podría generar consecuencias irreversibles para la justicia mexicana.
Entonces… ¿votar o no votar?
Nos encontramos ante una disyuntiva de gran calado en la que no existe una respuesta fácil. La elección del Poder Judicial en México no es una contienda electoral más: es un punto de inflexión respecto a cómo concebimos la función jurisdiccional y su relación con la democracia.
Votar puede representar una apuesta por incidir en un proceso imperfecto, pero legalmente vigente. Puede ser una manera de participar activamente en la construcción de un Poder Judicial plural, competente y éticamente sólido. Incluso en medio de la incertidumbre, puede interpretarse como un ejercicio de responsabilidad cívica y jurídica.
No votar, lejos de ser una omisión, puede constituir un acto de resistencia cívica frente a un modelo que se considera que desvirtúa la esencia del Poder Judicial. La abstención puede ser una forma de rechazar un mecanismo que, en lugar de garantizar jueces independientes e imparciales, podría exponer a la judicatura a la lógica del clientelismo electoral, al oportunismo político y a la captura institucional, comprometiendo gravemente la integridad del sistema de justicia.
Una decisión informada: clave para el futuro judicial
Más allá de la decisión que cada ciudadano tome en torno a su participación en la elección del Poder Judicial, es indispensable que esta se base en una reflexión profunda e informada. No se trata únicamente de votar o no votar: se trata de comprender lo que está en juego, de analizar críticamente el contexto, y —en caso de acudir a las urnas— de evaluar con rigor los perfiles de los candidatos.
Esto exige revisar las trayectorias profesionales, la formación jurídica, la experiencia jurisdiccional (de tenerla), los compromisos éticos y la viabilidad de sus propuestas. Solo una ciudadanía crítica y vigilante podrá defender un sistema de justicia conformado por jueces independientes, profesionales y verdaderamente al servicio del Estado de Derecho.
En última instancia, el futuro del Poder Judicial mexicano dependerá no sólo del diseño institucional que lo rija, sino del grado de conciencia, exigencia y participación con que la sociedad civil acompañe su evolución.
En definitiva, más que un simple acto electoral, esta decisión representa un ejercicio de responsabilidad democrática.
¿Elegimos o renunciamos?
